lunes, 5 de marzo de 2007



8. La Dirección General de Instrucción Primaria y el estado que guardaba la educación elemental en, la República en 1900.-Gracias a la propaganda pedagógica de los Congresos Nacionales de Instrucción y a las leyes de 1888­1891 y 1892, se había ido definiendo y vigorizando la idea de la uniformidad de la enseñanza primaria en la República. Faltaba, empero, un órgano admi­nistrativo, para asociar los esfuerzos hechos hasta ahora, darles cohesión y fun­didos en una unidad práctica.
Atento a esta realización, Baranda renovó y perfeccionó el pensamiento de crear una Dirección General de Instrucción Primaria lo que se hizo por una de las prescripciones atinadas de la Ley de 3 de Junio- Se pulsaba en este pen­samiento el problema de la federalización de la enseñanza para evitar que los esfuerzos aislados y heterogéneos vinieran a suscitar la anarquía y dieran al traste con los grandes objetivos de la unidad nacional.
Sin embargo, la plena federalización de la enseñanza habría de ser una obra lenta y de convencimiento por parte de los Estados federativos. Con todo, se podía y debía iniciar semejante plan de unificación pedagógica en el Dis­trito Federal y Territorios Federales. El 3 de junio de 1896 fue promulgado un decreto en el que se reglamentó (en apoyo del Decreto del 19 de mayo de 1896) que la instrucción oficial primaria elemental en el Distrito y Territorios Federales dependería exclusivamente del Ejecutivo de la Unión; que la instruc­ción primaria superior se organizaría como enseñanza media, entre la primaria elemental y la preparatoria, y que quedaba establecida una Dirección General de Instrucción Primaria, a fin de que ésta se difundiese y pudiera ser atendida con uniformidad, bajo un mismo plan científico y administrativo (Cap. VII).
Fue nombrado Director General de dicha dependencia el doctor Luis E. Ruiz, y Secretario de la misma, el profesor Manuel Cervantes Imaz. De inmediato, "se emprendió la labor, dice el señor Ruiz, de recibir las escuelas, darles, dentro de la ley, la homogeneidad indispensable, pues los elementos más disímbolos, en todos sentidos, las tendencias más opuestas, y a veces los hábitos más perniciosos, era lo que presentaban los establecimientos que se iban a amalgamar".
De esta guisa se daba estructura debida a los esfuerzos en este sentido, que Gómez Farías había iniciado en 1833, proponiendo una Dirección General de Instrucción Pública.
Por prescripción de la propia Ley de 3 de junio, se ordenó la nacionaliza­ción de las escuelas de instrucción primaria que antes dependían de los Ayun­tamientos en el Distrito Federal y en los Territorios Federales; la implantaciónen estas escuelas de otras reformas, tales como la enseñanza simultánea, la redac­ción de programas cíclicos, la incorporación de nuevas asignaturas (trabajosmanuales, música coral, etc.).
La referida Ley de 3 de junio trata ya, de manera explícita, de las atribu­ciones y deberes de los inspectores escolares, sobre la base de su doble clásica función, a saber: cuidar de que se cumplan los reglamentos y disposiciones en materia de enseñanza y ver de mejorar, por medio de orientaciones y consejos pedagógicos, la educación primaria en sus aspectos todos. Con la mira de atender también la higiene en las escuelas, se funda acertadamente la Inspección Médica.
La enseñanza primaria alcanzó en la República un alto nivel, en los pos­treros años de la gestión administrativa de Baranda. Entonces la población del país llegaba a la cifra de doce y medio millones de habitantes. De esto,es cierto, 2.500,000, aproximadamente, estaban en edad escolar, y sólo disfrutaban de enseñanza primaria alrededor de 800,000, alojados en 11,800 es­cuelas; de suerte que no más de un 33 por ciento de los niños recibían esta clase de instrucción. Pero hay que recordar que un siglo antes sólo existían 10 planteles destinados a la enseñanza elemental en la Nueva España; en 1843, 1,310; en 1870, 4,500, Y en 1874, un año que señala una época próspera en ma­teria de educación, 8,103, que albergaban una población de 349,000 alumnos; ello es, no más de un 20 por ciento de niños en edad escolar. De las susodichas 11,800 escuelas, 531 estaban radicadas en el Distrito Federal; de las cuales, 202 eran sostenidas por los particulares. Puebla (con 1,149 escuelas) y el Estado de México (con 1,056) poseyeron el mayor número de este tipo de planteles­.
En materia de presupuestos, los progresos fueron, asimismo, palpables. Al paso que en 1874 el Poder Público invirtió en la enseñanza primaria 1.632,000 pesos (las escuelas particulares reportaron un gasto de 1.200,000 pesos), en 1899 la cantidad erogada por los Gobiernos ascendía, aproximadamente, a 4.500,000 pesos.
Tan loable esfuerzo, empero, no había podido combatir el analfabetismo existente en la República. El censo oficial de 1895, a este respecto, arrojó datos desconsoladores: de los 12.631,558 habitantes, 10.445,620 no sabían leer ni escribir, y 328,007 sólo sabían mal leer. Pero desde entonces se preocupó el ministro Baranda de esta delicada cuestión: creó en el Distrito Federal una red de 16 escuelas primarias para adultos (suplementarias), Y recomendó a los Gobiernos de los Estados que fundaran parecidas instituciones en sus propios territorios.

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